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Boletín de noticias 24 de enero de 2012
EL TIEMPO
PESE A ALGUNOS AVANCES, LA SALUD EN COLOMBIA TODAVÍA SIGUE EN CRISIS
Los temas que más preocupan son la calidad del servicio y la situación de los hospitales.
Pese a los anuncios, a algunos avances y a las medidas tomadas en el último año y medio por el Ministerio de Salud y Protección Social para enderezar la situación del sistema de salud, el sector sigue sin mostrar grandes signos de mejoría; de hecho, en algunos aspectos la situación es crítica.
Esta es una de las conclusiones de la última evaluación de seguimiento a los indicadores de salud, llevada a cabo por Así Vamos en Salud (AVS), programa del que hacen parte las universidades de Antioquia, del Rosario e Icesi; las fundaciones Santa Fe, Corona, Restrepo Barco, Éxito y Saldarriaga Concha, y EL TIEMPO Casa Editorial.
Álvaro Cardona, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la U. de Antioquia, aseguró que algunos indicadores han reaccionado positivamente. Entre ellos se cuentan las tasas de mortalidad infantil (hoy en 9,88 por cada mil nacidos vivos), la de menores de cinco años (11,78 por cada mil nacidos vivos), la de mortalidad materna (que aun así sigue siendo alta) y la de embarazos en adolescentes.
No obstante, el AVS calificó de "alarmante" la prevalencia de niños de bajo peso al nacer, que es un indicador de desnutrición materno-infantil (hoy es de 9,2 por cada mil nacidos vivos); el aumento de la sífilis congénita, pese a que la mayoría de los partos son institucionales, y el crecimiento del sobrepeso y la obesidad, que ya afecta al 51,1 por ciento de los adultos.
"Llama la atención, además, el preocupante aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón y de seno, aun cuando el primero es prevenible casi en su totalidad y el segundo tiene una alta posibilidad de cura, si se detecta a tiempo y se trata en forma adecuada", explicó Cardona.
A lo anterior hay que sumar la alta incidencia de casos de dengue (157.200 en 2010) y de malaria, "y la marcada asimetría en coberturas útiles de vacunación en el país".
Según la evaluación, el cumplimiento de la sentencia de la Corte T-760 en materia de unificación de planes de beneficios para el subsidiado y el contributivo y la actualización del POS "ha sido parcial e insuficiente".
En cuanto a la situación de los hospitales, Roberto Esguerra, presidente de la junta directiva de Hospitales y Clínicas, afirmó que "las cifras de la cartera hospitalaria siguen siendo astronómicas, lo que pone en peligro la viabilidad de estas instituciones; da la sensación de una permisividad del Estado ante una situación tan aberrante".
Por su parte, Gabriel Carrasquilla, miembro del consejo directivo del AVS, consideró que "las EPS han seguido fortaleciéndose, en contra de los prestadores".
'Sí hemos mejorado'
Pese a lo anterior, el programa AVS reconoce la voluntad política y los esfuerzos del Gobierno por avanzar en temas claves como cobertura, estabilidad financiera del sistema, unificación de planes de beneficios y freno a la corrupción del sector.
Beatriz Londoño, quien hoy asume el cargo de ministra de Salud, tras año y medio frente al Viceministerio, afirmó que ahora hay mejores indicadores de salud pública y que se está estructurando la base para fortalecer la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Paula Acosta, viceministra Técnica y de Protección Social, manifestó que "el sistema de salud es más ordenado en lo financiero, hay más dineros y se avanza en flujo de recursos para los hospitales y elaboración de requisitos de habilitación para las EPS".
Este lunes, la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, enviaron al presidente de la República, Juan Manuel Santos, una carta en la que expresan su preocupación por el estado del sistema de salud. Aunque reconocen avances, hacen un duro diagnóstico sobre los resultados en materia de corrupción del sector, calidad de los servicios para los pacientes y situación financiera de los hospitales, entre otros aspectos. Lea aquí el texto completo de la misiva:
'Sentamos las bases para mejorar los servicios': Mauricio Santa María
Cuatro grandes temas le quedaron pendientes al saliente ministro de Salud, Mauricio Santa María: el decreto que reglamenta la habilitación y funcionamiento de las EPS -que se había dicho estaría listo este mes y que reduciría su número-, el programa de fortalecimiento hospitalario, la unificación de los planes de beneficios para todos los colombianos y la creación de la figura del Defensor del Usuario en Salud.
Así lo reconoció ayer en el balance de su gestión. "Veníamos de una situación muy difícil, el sistema de salud estaba al borde del colapso y tomamos en muy poco tiempo varias medidas sin precedentes para frenar eso y corregir problemas que venían, en muchos casos, desde hace más de 15 años", aseguró Santa María, quien hoy se retira para dirigir el Departamento de Planeación Nacional.
Fue enfático en destacar que su "mayor logro" fue la reforma a la salud que se concretó en la Ley 1438 del 2011. "Sentamos las bases para que la gente tenga un mejor acceso a los servicios y más calidad en la prestación de los mismos. Los beneficios se sentirán poco a poco".
El otro logro fue la actualización del POS. Ahí, resaltó Santa María, "se hizo un esfuerzo por hacer más equitativo el sistema, lo que requirió una adición de un billón de pesos anuales".
La unificación de planes de beneficios para niños y mayores de 60 años, así como la ampliación de cobertura (hoy en 96 por ciento), también se cuentan entre sus avances. Enfatizó que la refinanciación del sector, los giros directos a hospitales y la disminución de los recobros le aportaron mayor equilibrio al sistema.
Santa María aseguró que se fortalecieron los sistemas de vigilancia y control y se destapó la corrupción en el sector. "Quedan andando grandes proyectos que, en breve solucionarán grandes problemas del sistema", dijo.
HRW RECONOCE EL ESFUERZO DEL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS EN DD. HH.
En el 2011 las Farc y las bacrim fueron las que más atentaron contra los Derechos Humanos.
Human Rights Watch (HRW) destacó en su informe anual presentado el domingo en El Cairo (Egipto) que durante su primer año de gobierno el presidente Juan Manuel Santos "mostró mayor preocupación sobre temas de derechos humanos" que su antecesor.
"El presidente Santos consiguió que se sancionara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que procura restituir millones de acres a personas desplazadas e indemnizar a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario", subrayó el informe.
No obstante, HRW expresó sus reparos frente a algunos puntos de la reforma de la Justicia que presentó el Gobierno a mediados del año pasado. Dice que podría favorecer la 'impunidad' de violaciones de derechos humanos, al reconocer mayores atribuciones a la justicia penal militar y al permitir que se otorguen amnistías en casos de violaciones graves cometidas por todos los actores.
El reporte fustigó el hecho de que las bandas criminales, herederas del paramilitarismo, continúen 'creciendo' y mantengan "extensos vínculos con miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios locales". Y agregó: "Al menos 180 miembros de la Policía fueron arrestados en el 2011 por presuntos vínculos" con las bacrim.
HRW también lamentó el aumento de la violencia electoral dirigida contra candidatos en las pasadas elecciones de octubre. Citando cifras de la Misión de Observación Electoral, HRW dice que en el 2011 fueron asesinados 40 candidatos, un incremento del 47 por ciento frente a las elecciones del 2007.
Atrocidades de guerrillas
Según el informe, las Farc y el Eln continuaron "cometiendo graves abusos" contra la población civil, entre los que se subrayan: asesinatos, amenazas uso indiscriminado de minas antipersonales y reclutamiento de niños.
La ONG resaltó, además, que los desplazados por el conflicto se siguen incrementando cada año. Acción Social (ahora Departamento para la Prosperidad Social) registró más de 100.000 nuevos desplazados durante 2010, en tanto Codhes contabilizó cerca de 300.000 ese mismo año.
Aunque reconoció avances, HRW concluye que en Colombia subsisten múltiples desafíos para los derechos humanos.
El país con más asesinatos de sindicalistas
Lentitud en investigación de 'falsos positivos', otro de los reparos del informe
En los últimos tres años en Colombia se registraron 175 asesinatos de sindicalistas. Aunque en 2011 el número de crímenes bajó a 26, la cifra sigue siendo muy grande con respecto a otros países.
Además, las sentencias por estos casos llegan apenas a un 10 por ciento.
"Si bien la cantidad de sindicalistas que son asesinados cada año es menor en comparación con una década atrás, continúa siendo superior a la de cualquier otro país del mundo", dijo HRW.
La ONG también se quejó por la lentitud de la justicia en casos de 'falsos positivos'.
'HECHOS Y NO PALABRAS' PIDE PLAZAS VEGA A CARLOS ALONSO LUCIO
Lucio consideró injusto que el ex militar esté preso por toma del Palacio de Justicia.
La semana anterior se conoció un audio en el que Carlos Alonso Lucio afirma, en uno de sus sermones en la iglesia cristiana de la que es pastor, que le dolía mucho la situación del coronel Alfonso Plazas Vega, condenado por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
"Siento un dolor profundo por la circunstancia del coronel Plazas, del Ejército en el Palacio de Justicia. El M-19 fue el responsable del Palacio de Justicia, porque el M-19 se lo tomó, nosotros nos lo tomamos. Y el general libró esa batalla desde su ejército y desde su gobierno. No es justo que nosotros estemos aquí gozando del perdón y él no. Yo sí quisiera poder encontrarme con él en un templo y darme un abrazo".
A estas palabras, y a través de una carta divulgada por el diario 'El Colombiano' de Medellín, Plazas Vega "celebra" agradece las palabras de Lucio, pero le pide que pase de los hechos a las palabras, con la ayuda de la actual fiscal Vivianne Morales, esposa de Lucio.
Concretamente, pide que la Fiscal abra investigación contra la abogada Ángela María Buitrago, a quien considera responsable de un montaje en su contra en medio del proceso por el holocausto del Palacio de Justicia.
Plazas Vega está actualmente recluido en el Cantón Norte, en Bogotá, luego de ser condenado a 30 años de prisión por la desaparición de once personas durante el operativo de retoma.
"Si están tan afectados por la injusticia que se ha cometido contra mí, ¿porque no se abre la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra la autora de tamaña injusticia?", escribe en su misiva.
"Que un ciudadano normal me dé una palmada en la espalda o haga una oración pidiendo que se me haga justicia, porque no puede hacer nada diferente por mi injusto caso, me parece gratificante. Pero frente a sus expresiones hechas con la aquiescencia de su esposa, Doctor Lucio, yo preferiría las obras a las palabras", agrega el oficial en retiro en la carta.
Plazas Vega, además, critica que Lucio insinúe que Plazas Vega debe ser también perdonado por los hechos ocurridos en 1985.
"Yo no estoy pidiendo perdón ni lo voy a aceptar. Yo estoy pidiendo justicia que es diferente. En mi caso solo cabe la absolución, como en los de otros oficiales igualmente inocentes", enfatizó.
Este es el texto de la carta
Respetado Doctor Lucio
Por los medios de comunicación me he enterado de las palabras pronunciadas por Ud. en la Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca el 11 de diciembre de 2011, como parte de un sermón en el cual Ud. hace un recuento de su trayectoria al margen de la ley, pide perdón y manifiesta su deseo de reconciliarse con la sociedad colombiana. Esa actitud suya la celebro.
En ese sermón que lo escucharon más de quinientos feligreses y fue ampliamente divulgado por la misma Iglesia Cristiana donde se efectuó la prédica, Ud. reconoció la autoría intelectual y material del asalto al Palacio de Justicia por parte del llamado "Movimiento 19 de Abril, M-19" al cual Ud. pertenece desde sus comienzos. Manifestó también en esa alocución su indignación por el hecho de que el suscrito Coronel Luis Alfonso Plazas Vega se encuentra preso, cuando los miembros del M-19 que cometieron los delitos allí perpetrados fueron perdonados.
Muy valiente de su parte al aceptar una realidad que si bien todos los colombianos conocen, pocos se atreven a expresar, por temor a los miembros de ese movimiento que hoy paradójicamente y como una flagrante demostración del desordenamiento jurídico de la nación, están en los cargos públicos más importantes del país, mientras los defensores del sistema democrático estamos privados de la libertad. Muy valiente Doctor Lucio.
Pero hay una parte de su expresión que no puedo compartir, en la que Ud. sugiere que yo también debo ser perdonado. ¿Perdonado de qué, Doctor Lucio? Si yo no he cometido ningún delito. Yo no estoy pidiendo perdón ni lo voy a aceptar. Yo estoy pidiendo justicia que es diferente.
En mi caso solo cabe la absolución, como en los de otros oficiales igualmente inocentes. Ya han venido a visitarme dos parlamentarios uno en 2008 y otro en 2011 a sugerirme la aceptación de una amnistía e indulto y les he manifestado que están totalmente equivocados. No se pueden aplicar esas figuras a una persona inocente. Muy buenas sus intenciones, pero no las puedo compartir.
Durate su sermón, Doctor Carlos Alonso Lucio, estuvo Ud. todo el tiempo acompañado de su esposa la Fiscal General de la Nación Viviane Morales, quien no es para nada ajena a sus puntos de vista. ¿O era que sus frases iban dirigidas más a ella que a mí? En aras de la justicia lo que se debe hacer es abrirle investigación formal a la autora del montaje con el cual se me ha privado la libertad desde hace cuatro años y medio, la abogada Ángela María Buitrago.
Hace más de seis meses la Procuraduría General de la Nación pidió la reapertura de dicha investigación sin embargo inexplicablemente no pasan de preliminares.
Si están tan afectados por la injusticia que se ha cometido contra mí, ¿porque no se abre la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra la autora de tamaña injusticia? La sola apertura de esa investigación acaba con el proceso que la señora Buitrago se inventó en mi contra.
Que un ciudadano normal me dé una palmada en la espalda o haga una oración pidiendo que se me haga justicia, porque no puede hacer nada diferente por mi injusto caso, me parece gratificante. Pero frente a sus expresiones hechas con la aquiescencia de su esposa, Doctor Lucio, yo preferiría las obras a las palabras.
No se trata de conseguir aplausos mediante una frase, en una sociedad que me ha rodeado con su afecto a pesar de la campaña mediática y jurídica en mi contra. La verdad es tan tozuda que cuando el sistema judicial pretendió desprestigiar a este soldado colombiano, terminó el sistema judicial desprestigiado. Se trata de hacer una verdadera justicia, especialmente cuando ella está al alcance de la mano.
Atentamente,
Coronel Luis Alfonso Plazas Vega
QUÉ PASA CON LA JUSTICIA
Por: Eduardo Escobar
Blanca entre los delincuentes más espinosos de Bogotá recuerda al funcionario que el siglo pasado clasificó el cerdo entre las aves de corral.
Gonzalo Arango pensaba que debíamos quitarle la venda de los ojos a la Justicia.
En El Proceso, de Franz Kafka, uno de los libros más opresivos de la literatura universal, un hombre llamado José es sometido a juicio por un poder incógnito. Invadido en su intimidad por una comisión de fantasmas que investigan un delito difuso, es forzado a vagar por juzgados en ruinas y laberintos de archivos. Y es ejecutado como un perro en la última página. Leí el libro temprano. Me queda apenas el recuerdo de la atmósfera asfixiante. Pero allí aprendí a desconfiar de la justicia. Y de la rigidez del orden.
Conocí un niño en Medellín a quien una inspectora de menores encerró en una cárcel plagada de carangas y ratas por un hurto en el cual no tuvo arte ni parte. Era poeta. Y el monstruo de tetas tristes llamado Yolanda decidió que en consecuencia debía ser también un ladrón de relojes de cinco pesos. Y lo metió en una letrina de paredes erizadas de culos de botella sin más recurso que esperar vigilado por un hombre con un zurriago. Como un perro.
Nadie comprenderá la impotencia radical de José. Ni la de un niño sometido a la inutilidad de unos interrogatorios orquestados por amanuenses casposos envalentonados de prejuicios hasta que viva el pudrimiento de ser decidido por otros. Es golpear con las manos desnudas un muro sordo, una densidad impenetrable. Y muchas personas viven el calvario.
Esta semana volví a experimentar la sensación del absurdo kafkiano cuando, en un noticiero de la noche, vi la fotografía de Blanca Luz Escobar de Roderick en el muro de la infamia de los bandidos más temibles de Bogotá, diseñado por un comité presidido por Navarro Wolff.
Como estaba seguro de que esa mujer laboriosa era un error grotesco junto a las dispensadoras de escopolamina, los atracadores de esquina y los violadores, llamé a mis amigos en los medios a que me ayudaran a aclarar por qué enigma una señora buena como el pan figuraba entre manzanas podridas echando por la borda la lógica de los conjuntos.
A María Isabel Rueda, Gustavo Gómez, Camilo Durán. Gómez averiguó que estaba sentenciada en ausencia, por una deuda de un millón de pesos con la Dian, a 36 meses de prisión. Un juez que jamás le vio la cara ni la notificó por medio de un mensajero cojo, ya que dicen que la justicia cojea pero llega, había dictado ya orden de captura.
Una conciencia así de delirante de lo justo era más que una torpeza, una afrenta a la decencia, una canallada. Gómez estuvo de acuerdo. Y que la falta de proporción entre la pena que espera la avidez de los Nule que se robaron las avenidas bogotanas para gastárselas en champaña con putas de copete en aviones de lujo, y los tres años que le impuso a Blanca un juez con el garciamarquiano nombre de Excelino hacen de esta nación un lugar peligroso. Le dije. Donde las autoridades rastrean una mujer que inmortaliza rosas y pinta pájaros en tablas de tríplex para vivir con dos hijos pianistas que tocan a Chopin de memoria.
Gonzalo Arango pensaba que debíamos quitarle la venda de los ojos a la Justicia. Y que en Colombia todo estaba por inventar, empezando por los procedimientos judiciales. Para que la inocencia de los niños poetas no sea puesta en duda en el sonambulismo de las normas. Y las señoras que inmortalizan rosas y pintan pájaros no sean sentenciadas en ausencia por baatelas.
Ah. Y por qué sabe tanto de la señora, del niño y del que ejecutaron como a un perro. Se pregunta el lector. Porque ella es mi hermana. El niño fui yo. Y en Kafka tuve mis primeras decepciones sobre lo razonable. Blanca entre los delincuentes más espinosos de Bogotá recuerda al funcionario que el siglo pasado clasificó el cerdo entre las aves de corral, según unas rimas burlonas de Luis Donoso. Inevitablemente.
DENUNCIAN AMENAZAS DE BANDA LOS TIERREROS CONTRA VECINOS DE MARRUECOS
Así lo afirmaron algunos residentes en medio de la visita de magistrados de la Corte Constitucional.
Cuando los magistrados delegados por la Corte Constitucional para conocer de cerca el drama de los desalojados del barrio Marruecos llegaron ayer a la inspección, se encontraron con un reclamo inesperado: a los afectados los están amenazando.
"Han mandado personas para que nos amenacen. Nos dicen que no denunciemos a los vendedores porque ellos no tienen cómo respondernos", dijo Jeimy Patiño, líder comunitaria.
Patiño le pidió a la alcaldesa local, Martha Bolívar, que disponga de los cerca de 500 hombres de la Policía que custodian el lugar para la protección de los afectados. Ante la situación, Bolívar expresó que presentará una evaluación en el consejo de seguridad que se realizará hoy en la Secretaría de Gobierno.
La inspección
"Llegaron los doctores que nos van a ayudar", dijo Justo Pastor Bohórquez -una de las personas que compró su lote a urbanizadores piratas en Marruecos- al ver la camioneta negra que traía a los magistrados.
A las 9:30 de la mañana, el magistrado de la Sala Sexta de Revisión del Tribunal, Nilson Pinilla, junto con tres funcionarios, se presentaron en el sector conocido como hacienda Los Molinos, en Rafael Uribe Uribe, para "realizar una inspección ocular del terreno, que le servirá a la Corte como acervo probatorio para tomar una decisión frente a suspender o no el desalojo total", según la alcaldesa local.
El proceso de revisión tuvo dos etapas: una de identificación y revisión de acciones de tutelas y otra donde se identificaron los factores de vulnerabilidad, por la cual se entregarán los subsidios, que serán para un arrendamiento (hasta 500 mil pesos) y "solo se les dará a aquellas personas que demuestren no tener más predios", expresó el secretario de Gobierno Antonio Navarro.
Condena a uno de los 'piratas'
Luis Álvaro Hernández Parrado, alias 'Barbas', quien según las autoridades es uno de los urbanizadores piratas de Marruecos, fue condenado ayer a 9 años y 8 meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio.
EL ESPECTADOR
NUEVO LLAMADO PARA DEJAR LA REFORMA A LA JUSTICIA SIN CAMBIOS AL FUERO MILIAR
En medio de los pedidos que hace el Gobierno a las Cortes para que regresen a la discusión del proyecto, desde la Cámara algunos piden desistir a cualquier cambio para el juzgamiento de los uniformados.
Sin que aún regrese el Congreso a sesiones ordinarias (vuelven a mediados de marzo), algunos de los expertos en la reforma a la justicia han dejado claras varias de sus posiciones.
El representante liberal Guillermo Rivera Flórez, uno de los ponentes del proyecto en la Cámara, dijo que “hay que dejar la Constitución en fuero militar incólume”.
En medio de la reforma que ha planteado el Gobierno, Rivera señaló que “hacer cualquier tipo de ensayo o crear cualquier presunción frente a la justicia penal militar, significa correr el riesgo de ir en contravía de pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“Me parece que hay que solicitar la exclusión de la modificación que el Gobierno ha propuesto del fuero penal militar”, sostuvo el legislador del Putumayo.
Frente a la idea de que la Justicia Penal Militar sea conducida por civiles, consideró que la revisión que hagan, así sean civiles, va en contravía de lo que señala la jurisprudencia toda vez que “tratándose de delitos internacionales, la única jurisdicción competente es la ordinaria”.
“Si los militares desconfían de la justicia ordinaria lo que habría que hacer es una revisión de que es lo que hace la justicia ordinaria en materia de investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública; sería necesario pensar en mayor capacitación a la justicia ordinaria en cuanto a los procesos por las conductas de los miembros de la Fuerza Pública”, agregó.
La reforma al fuero militar contempla que sea la Justicia Penal Militar, antes que la Justicia Ordinaria, la que conozca de todos los actos de servicio de las Fuerzas Militares.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho en varias ocasiones que esa posibilidad no traerá impunidad toda vez que sólo será para investigaciones en contra de uniformados por actos del servicio; es decir, no tiene que ver con delitos de lesa humanidad.
Gobierno pide a las Cortes regresar a la discusión
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha sido insistente en la necesidad de que las Altas Cortes retornen a la mesa de discusión del proyecto de reforma a la justicia.
Vargas dijo que “desde siempre el Gobierno ha insistido en que las Cortes no pueden ni deben renunciar a su derecho constitucional para ser parte de las deliberaciones de la reforma a la justicia al interior del Congreso”.
“Mucho complacería al Gobierno que las Cortes regresen, retomemos el tema antes del 15 de marzo, se siga deliberando sobre el contenido de la reforma y en esta segunda vuelta que tendrá lugar este semestre se procure regresar a la concertación del contenido de dicha reforma”, manifestó el alto funcionario.
CITAN POR NOVENA OCASIÓN A TESTIGO CLAVE EN CASO DEL PALACIO DE JUSTICIA
En la última diligencia judicial, se ordenó el traslado por medio de la policía del cabo Edgar Villamizar Espinel para que declare en el proceso contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano por el delito de desaparición forzada.
Se espera que después de nueve intentos por tener su declaración, este martes compadezca en calidad de testigo el cabo en retiro Édgar Villamizar Espinel en el proceso que se adelanta contra el excomandante del B-2 del Ejército, coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y otros cuatro militares por el delito de desaparición forzada en los hechos enmarcados durante la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En las últimas diligencias judiciales, la Fiscalía le solicitó al juez 55 penal de Bogotá que se le diera la orden a la Policía para que conduzca a Villamizar Espinel a la diligencia judicial, puesto que no ha respondido a las citaciones hechas por el juzgado en ocho oportunidades.
"La Fiscalía solicitó la conducción del testigo renuente a comparecer en varias oportunidades se ha insistido en eso y no se ha logrado lamentablemente la comparecencia, pero ello ya es una decisión que le corresponde al señor juez que conoce del proceso del Palacio de Justicia", el jefe de la Unidad de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio.
La petición de la Fiscalía ha sido apoyada por los abogados de los familiares de los desaparecidos en la toma del Palacio y por el propio oficial en retiro Sánchez Rubiano.
A finales del año pasado, Villamizar Espinel envió, a través de su hijo, una carta al juzgado 55 de Bogotá donde condiciona su asistencia al juicio, hasta tanto la Procuraduría no cumpla con los compromisos que asegura adquirió con él.
Villamizar es considerado uno de los principales testigos en los procesos que se adelantan por la presunta responsabilidad de un grupo militares que participaron en las operaciones de retoma del Palacio de Justicia en actos de tortura y posterior desaparición de 11 personas a las que se habría acusado de pertenecer al M-19.
Sin embargo, en repetidas ocasiones los defensores de los militares acusados y la misma Procuraduría,han puesto en duda a este testigo, señalando que “fue suplantado” para que su testimonio involucrara a los comandantes de la operación con la desaparición de ocho empleados de la cafetería del Palacio, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.
Según la Fiscalía, Sánchez Rubiano tuvo la responsabilidad en las operaciones de retoma de adelantar labores de inteligencia, entre la cuales estaban las de identificar a los rehenes que eran trasladados del Palacio de Justicia a la Casa del Florero.
Como el oficial en retiro, también enfrentan el juicio los sargentos (r) Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña, quienes fungieron como subordinados de Sánchez en la retoma del Palacio.
Pese a que el comandante del B-2 fue el primero en ser capturado por estos hechos, se encuentra actualmente en libertad por vencimiento de términos.
PENSIONES MILLONARIAS, A REVISIÓN
El ente de control adelanta auditorías en Cajanal y el Seguro Social para detectarlas. Informe del Ministerio de Hacienda advierte de sobrecostos al fisco de entre $11,7 billones y $20,1 billones.
Según la Contraloría, en los regímenes pensionales especiales no se han hecho los aportes necesarios para jubilarse.
Los desbordados privilegios pensionales de los que gozan algunos exservidores públicos que devengan mesadas pensionales superiores a los 25 salarios mínimos ($14’166.000), sin estar cobijados por un régimen especial de transición, llegarán a su fin.
La razón: la Contraloría General de la República adelanta auditorías en Cajanal y el Seguro Social para detectar cuáles son las pensiones millonarias que aún existen pese a que el acto legislativo 1º de 2005 determinó la desaparición, desde julio de 2010, de cerca de 100 regímenes especiales y exceptuados (sin contar el de la fuerza pública y el del presidente de la República, que siguen vigentes).
La contralora delegada para la Gestión Pública, Ligia Borrero, explicó que en máximo tres meses la entidad espera revelar —con el trabajo de un grupo de choque— dónde están localizadas esas pensiones millonarias.
En Colombia, 1,1 millones de personas perciben en conjunto $25 billones al año. “Se ha advertido un abuso de los regímenes especiales que compromete la ampliación de la cobertura y la sostenibilidad fiscal”, dijo la funcionaria.
El tema no es de poca monta. Hace dos meses, el propio presidente Juan Manuel Santos había pedido “ponerles coto” a ese tipo de pensiones al considerarlas “escandalosas”.
Mauricio Olivera, viceministro de Empleo y Pensiones, dijo que a la mayoría de regímenes especiales que fueron eliminados en el gobierno pasado todavía se les cubren sus derechos pensionales. “Hay unos razonables, como los militares y el magisterio”. Aun así, agregó, “las pensiones de la Rama Judicial son las que más se han estudiado”.
Un documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público advierte que las decisiones judiciales sobre el régimen de transición pensional —creado para los trabajadores que venían vinculados a los antiguos regímenes y tenían algunas condiciones de edad o tiempo de servicio tras la unificación de los regímenes pensionales por la ley 100 de 1993— siguen causando inconvenientes al fisco.
“Las decisiones judiciales que han venido expidiéndose desde los comienzos del nuevo sistema han prolongado la duración del régimen de transición y han extendido sus beneficios, más allá de lo originalmente previsto en la ley 100”, dice el documento, y agrega que estas determinaciones afectan la sostenibilidad en las finanzas del sistema, lo que tiene un costo actuarial que oscila entre $11,7 billones y $20,1 billones (a pesos de 2010) “para la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República”.
El informe advierte también que si estos beneficios se extienden a todos los servidores públicos del país, “el impacto adicional estimado sería de entre $31,3 billones y $37,1 billones (a pesos de 2010)”.
En opinión del presidente del Grupo Sura, David Bojanini García, no se puede continuar permitiendo que el sistema pensional dé millonarias pensiones a algunos ciudadanos mientras que existen otros que no tienen derecho a una pensión. “Todos sabemos que en Colombia hay ciertos sectores que se privilegian con las pensiones a costa del resto de la población
CONSULTA PREVIA Y PEDAGOGÍA
Por: Jaime Arocha
El 17 de enero de 2012 el presidente Juan Manuel Santos recibió dos cartas pidiéndole su intervención para que la consulta previa que el Ministerio del Interior debe adelantar entre los pueblos afrodescendientes sobre la Ley de Desarrollo Rural sea de verdad informada, libre, de buena fe y apele a procedimientos adecuados para la debida concertación.
Una de las comunicaciones es de 156 consejos comunitarios y de sus organizaciones de apoyo. La otra, de reconocidos profesores universitarios de este y otros países, incluyendo los del Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico. No se trata de entorpecer el trámite que deberá surtirse para que el proyecto llegue al Congreso de la República, sino de que el Poder Ejecutivo cumpla los requisitos que especifican la Ley 21 de 1991, varias sentencias de la Corte Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la valoración que deben hacer los pueblos diferenciados en lo étnico, como es el caso de los afrocolombianos, raizales y palenqueros, con respecto a propuestas de transformaciones legales, tecnológicas, económicas, sociales o políticas que puedan comprometer su identidad y su porvenir. En otras palabras, solicitan que el Ministerio del Interior desarrolle la pedagogía compleja pero necesaria que él mismo simplificó para las consultas previas sobre el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos y la Ley de Víctimas, luego de haberse asesorado tan sólo de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades Negras, no obstante que, en palabras de Alfredo Molano, “el Consejo de Estado, por sentencia 530 de [agosto de] 2010, declaró nula la representación de las comunidades negras ante [esa Comisión]”, a cuya legitimidad, además, la siguen objetando los obispos del Pacífico, los consejos comunitarios de todo el país y diversas organizaciones sociales.
Por si fuera poco, es posible que, mediante un malabar clientelista, el Ministerio del Interior prorrogue por un año el período de esa Consultiva, debido a un apremio que va en contravía de la necesidad de traducir el mar de tecnicismos y precisiones jurídicas propios de esos proyectos legislativos a lenguajes accesibles para gente de comunidades rurales, no toda con altos niveles de educación formal, pero sí sabia en las formas propias de botánica, zoología, diagnóstico y curación de enfermedades, arquitectura, adoración de sus deidades, ejercicio del poder y del dominio territorial. Revisando las leyes y sentencias objeto de esta columna, he pensado que, dada su densidad conceptual, todos los ciudadanos deberíamos ser objeto de esas ayudas de interpretación lingüística. De esa manera seríamos más conscientes de contradicciones incómodas para la dirigencia nacional, como la de los nexos históricos entre la modernización agrícola y minera que contempla el Plan Nacional de Desarrollo y la desposesión territorial violenta que el propio Estado ahora aspira a reparar mediante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hay un juego perverso de acciones y reacciones que multiplica la burocracia humanitaria estatal, pero deja intacto el origen de despojos territoriales como los que aún aquejan a las comunidades negras.
ESTABLECEN MEDIDAS PARA GARANTIZAR DERECHOS
Las medidas se producen en medio de las deficiencias que evidenció la Procuraduría General en los servicios de salud que se ofrecen en los centros penitenciarios y carcelarios del país.
Fueron presentadas las disposiciones por el jefe del Ministerio Público mediante una directiva dirigida al director del INPEC, al director general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC, directores, subdirectores, comandantes de guardia y vigilancia de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del INPEC y directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de las Fuerzas Militares y de Policía.
Solicitó el Procurador al Inpec en este documento que se atiendan y acaten todas las recomendaciones realizadas en el documento “Acción Preventiva de Seguimiento a la Política Pública de Prestación del Servicio de Salud de los Centros Penitenciarios y Carcelarios”.
Igualmente instó el procurador Ordóñez a que este organismo exija a Caprecom la asignación de personal profesional especializado en la atención en salud de forma permanente y proporcional al número de internos de cada establecimiento, enfatizando en las urgencias médicas y odontológicas y de otras especialidades tales como las relativas al personal femenino en los centros de reclusión femeninos.
Exhortó al Inpec en el mismo sentido el ente de control para que en sus establecimientos se adelanten las siguientes acciones en materia de salud:
- Auditorías permanentes frente al cumplimiento del pago a proveedores y a la entrega de los medicamentos formulados a los internos.
- Auditorías permanentes tanto a los alimentos como a las empresas que suministran la alimentación a los reclusos.
- Diseño e implementación de un protocolo de traslados de internos para la atención médica para evitar retardos injustificados y pérdidas de citas médicas de los reclusos.
- Diseño e implementación de programas de prevención para reducir los elevados índices de morbilidad.
CMI
HABITANTES DEL PREDIO MOLINOS DENUNCIAN AMENAZAS
Habitantes de la hacienda Molinos, en el barrio Marruecos, que fueron desalojados el pasado miércoles, denunciaron amenazas, probablemente provenientes de la banda “Los Tierreros”.
“Hemos sido víctimas de amenazas de muerte. Podríamos echarle la culpa a personas, como por ejemplo a los dueños del terreno o a la administración”, aseguró Yeimi Patiño, líder comunitaria.
Patiño también denunció que las amenazas se han realizado a través de terceras personas y con llamadas telefónicas.
“Que nos tenemos que cuidar, que protejamos a nuestras familias más que a un simple mueble”, añadió.
Por su parte, la mandataria local, Martha Bolívar, se mostró preocupada por esta situación ya que según ella “quienes están detrás de la enajenación, están interesados en que no se hagan denuncias”.
Finalmente Bolívar añadió que los funcionarios de la administración también corren peligro.
CMI
LO QUE PASA Y LO QUE VA A PASAR EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
Terminan los periodos de gobierno en los altos tribunales. Vean lo que pasa, Corte por Corte:
Corte Constitucional: el 10 de febrero termina el periodo de Juan Carlos Henao, cuya gestión como presidente de la corporación hará historia por la inmensa capacidad académica, la manera moderna y la mentalidad de avanzada con las que condujo al alto tribunal.
Henao, formado en las más prestigiosas universidades de derecho del mundo, le imprimió un sello de grandeza y de sabiduría al funcionamiento de la Corte. Dicen sus compañeros que oírlo en una exposición de defensa de una tesis es un espectáculo que honra la inteligencia y el estudio.
Henao, recuperado para el servicio a la Nación en la Universidad de París, es hoy una de las grandes figuras del Derecho Constitucional que tiene nuestro país. Se va Henao y la elección de su sucesor no es un gran problema: será Gabriel Eduardo Mendoza.
No ha sido elegido ni ha sido acordado, pero se da por descontado su nombramiento por varias razones: primero: es el actual vicepresidente de la Corte y en la Constitucional es una tradición elegir como presidente a quien esté desempeñando la vicepresidencia. Segundo: es un magistrado respetadísimo en el interior de la Corte. Tercero: sus compañeros lo consideran absolutamente incorruptible y por quien se pueden poner las manos sobre el fuego. Cuarto: conocedor brillante del Derecho Constitucional; en sus manos, la guarda de la Constitución está protegida, como lo ha estado hasta ahora en las manos de los presidentes que lo han precedido.
Inclusive en el caso de la reelección presidencial, a pesar de ciertas posiciones conservadoras de Mendoza, fue él uno de quienes votaron en contra por las consideraciones conocidas de la inconstitucionalidad de las aspiraciones de Álvaro Uribe.
El magistrado Mendoza, sin embargo, tiene dos características que harán su presidencia muy diferente a la de su antecesor, el magistrado Henao.
Veamos: la primera: es sumamente tímido y reservado. Henao es locuaz y simpático, ve, como buen valluno. Segunda: es muy conservador. Contrasta también con Henao, quien se mostró como presidente modernísimo, liberal, progresista y reformador. Pero a pesar de su conservadurismo, ejerce a veces posiciones liberales: en las discusiones sobre el matrimonio gay, se opuso radicalmente al matrimonio, pero aceptó la constitucionalidad de la unión gay, con todas sus consecuencias patrimoniales y sociales.
¿Quieren un ejemplo para entender cómo son los dos? Henao es como el estudiante brillante, aplicado, con las mejores calificaciones y buena conducta, pero también, estudiante retozón, como cualquier joven caleño, bailador y poco rezandero. Mendoza es el padre conservador: «Hay que llegar a casa a horas adecuadas». Callado, severo, adusto, observador, disciplinado.
Lo dicho: conservador, pero no godo; mejor dicho: no es tampoco rezandero.